En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad es uno de los pilares más relevantes para proteger los derechos de las personas trabajadoras. La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2025, de 9 de septiembre, amplía su alcance y redefine cómo deben actuar las empresas ante posibles reclamaciones internas.
Hasta ahora, muchas interpretaciones limitaban esta garantía a casos donde existía una denuncia formal ante la justicia o la Inspección de Trabajo. Sin embargo, el Tribunal ha dejado claro que la protección frente a represalias se activa incluso antes de acudir a los tribunales, cuando la persona trabajadora plantea una queja o reclamación dentro de la empresa o ante la representación sindical.
En empleorecursos.es, queremos analizar qué implica esta sentencia para las áreas de Recursos Humanos y la gestión del talento (Sentencia):
1️⃣ Prevención de riesgos legales: cualquier represalia (directa o indirecta) puede ser considerada vulneración de derechos fundamentales, con consecuencias económicas y reputacionales graves.
2️⃣ Revisión de protocolos internos: es necesario reforzar los canales de comunicación, las investigaciones internas y la formación de personas líderes para garantizar que las personas puedan expresarse sin miedo.
3️⃣ Fortalecer la cultura ética: las organizaciones que promueven la confianza y la escucha activa reducen la conflictividad laboral y mejoran su marca empleadora.
Esta sentencia también se alinea con la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes, consolidando una visión más amplia del compliance laboral: proteger no solo a quien denuncia irregularidades, sino también a quien defiende sus derechos legítimos.
En resumen, en un mercado donde el talento busca transparencia y respeto, proteger la garantía de indemnidad es una inversión estratégica. La confianza se convierte en el mejor indicador de salud organizacional.